Entra en vigor nuevo copago de dependencia que incluye también el patrimonio

la vanguardia

El nuevo criterio de copago de los servicios no gratuitos de la ley de la dependencia en Cataluña, que incluye no sólo los ingresos, sino también la contabilización del patrimonio -propiedades inmuebles, cuentas bancarias y acciones- de los beneficiarios, entra en vigor mañana, 1 de mayo.

La nueva orden de copago, que publicó ayer el DOGC, establece los criterios para determinar la capacidad económica de las personas beneficiarias de los servicios no gratuitos de la cartera de servicios sociales y del sistema de la dependencia, a efectos de determinar su aportación.

Según han informado fuentes del Departamento de Bienestar Social y Familia, la normativa que entra en vigor mañana unifica el tratamiento de todos los colectivos y trata de que el copago se aplique de forma que «pague más quien más tiene».

La principal novedad de la nueva orden de copago respecto del sistema anterior radica en la incorporación del patrimonio de la persona para determinar la capacidad económica, que se pondera en función de la edad del beneficiario.

Aunque a partir de ahora se computará el patrimonio, éste cómputo no incluirá la vivienda habitual cuando la persona beneficiaria o las personas que dependan de él convivan, o cuando su valor catastral sea inferior a 300.000 euros.

«Con la nueva orden de copago se persigue que cada persona pague en función de su capacidad económica real», han reiterado las mismas fuentes, que han indicado que el nuevo copago «pretende eliminar desigualdades en el pago de los servicios sociales y facilitar que todas aquellas personas sin recursos puedan acceder en las mismas condiciones que el resto».

«Las personas sin recursos seguirán aportando exactamente las mismas cantidades que hasta ahora y todas las personas seguirán teniendo derecho a acceder a los servicios como hasta ahora», según ha explicado la consellera de Bienestar Social, Neus Munté.

«Esta medida hace más justo el sistema», ha declarado la consellera, que opina que «la incorporación del patrimonio repercutirá en una mejor aplicación del principio de justicia social».

Según Munté, «pagar en función de su capacidad real acabará con determinadas desigualdades y facilitará que aquellas personas que realmente no tienen recursos suficientes puedan continuar accediendo con plena normalidad a todos estos servicios».

Actualmente, sólo un 3,5% de los beneficiarios no pagan nada por los servicios que reciben porque sus ingresos son escasos y es la administración la que financia la totalidad del coste.

La orden que entra en vigor mañana estable también reducciones a aplicar en el cálculo de la capacidad económica por cuidar familiares (cuando convivan con el beneficiario personas a su cargo, sean cónyuge, ascendientes, hijos menores o hijos mayores discapacitados) y para compensar los gastos del mantenimiento del hogar (alquileres, hipotecas, etc).

También garantiza los ingresos mínimos, el denominado «dinero de bolsillo», para los gastos más básicos y personales de los beneficiarios.

La orden también adapta algunos puntos de la normativa estatal a la realidad catalana, por ejemplo en el dinero de bolsillo de los servicios residenciales, que en España está fijado en el 19 % del IPREM, lo que suponen 101,18 euros mensuales, mientras que en Cataluña se han fijado en el 20 % del IRSC, que equivale a 132,8 euros mensuales.

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