La sociedad de ERC: renta mínima garantizada y más

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La sociedad de ERC: renta mínima garantizada, más ayudas a la dependencia, y a las familias

La política social sería uno de los focos prioritarios en un Estado gobernado por ERC, a la vista siempre de su programa. A estas partidas piensan destinar la mayor parte de los recursos, con el objetivo de «extender el Estado del Bienestar».

Según los cálculos de la formación, el coste de desarrollar el Estado del Bienestar sería de 4.153 millones de euros. Cifra, dicen, que lograrían“sin el expolio fiscal ni el marco legal español” esto es, principalmente, con una política fiscal propia.

Las principales dificultades vendrán de la financiación, ¿sería capaz una Catalunya independiente de sostener los servicios públicos hasta ahora asumidos por el Estado?

Las catedráticas de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona (UB) Núria Bosch y Marta Espasa, sostienen que sí.  Si en el período 2006-2009 Catalunya hubiera sido un Estado independiente y hubiera mantenido el mismo sistema fiscal y la misma presión fiscal que el Estado español,  afirman, el Gobierno catalán habría recaudado una media de 49.018 millones de euros adicionales anualmente. Si hubiera tenido que asumir nuevas competencias, el coste de los gastos adicionales en el mismo período hubiera sido de 35.129 millones de euros anuales de media. Las autoras calculan la ganancia fiscal de una Catalunya independiente en 13.889 millones de euros anuales de media, equivalente al 7’1% del PIB.

El Gobierno catalán independiente tendría que asumir una serie costes mayúsculos que hoy asume el Estado central, para seguir garantizando los servicios que presta, como pensiones, salarios de los funcionarios del Estado y militares. Además, tendría que seguir haciendo frente al pago de la deuda pública española y de las infraestructuras inacabadas.

Según uno de los informes del Consejo Asesor para la Transición Nacional, en los primeros meses de la independencia, el Gobierno de la Generalitat tendría unas necesidades de financiación mensuales de entre 4500 y 5.000 millones de euros (166 al día) destinados a hacer frente al pago de los salarios de los funcionarios- ERC prevé incrementarlos en un 25%- las pensiones y las prestaciones de desempleo y los gastos corrientes de la Generalitat.

Por lo tanto, reconocen desde este Consejo, asesor de la Generalitat en el proceso soberanista, “puede haber un breve período transitorio en el que la Generalitat, para cubrir los mencionados gastos, tenga que acudir a otras fuentes de financiación diferentes a las impositivas, entr ellas, pedir préstamos a entidades financieras catalanas o extranjeras, emitir deuda pública por parte del Banco Central de Catalunya o emitir bonos para que los suscriban los ciudadanos.

“Con todo, es relevante clarificar que la fuente básica de financiación tiene que ser la proveniente de recursos tributarios, y que estas otras fuentes alternativas tienen que tener carácter transitorio y aplicarse en un periodo breve”, advierten estos expertos. La traducción, más impuestos.
La Generalitat destina actualmente a Bienestar Social 1.630’5 millones de euros en sus presupuestos anuales.

Entre las medidas que propone ERC para un Estado independiente están:

-Desarrollo de la Ley catalana de dependencia, que incluya también servicios y prestaciones económicas (prestaciones vinculadas a plazas residenciales privadas en centros colaboradores) a las personas con enfermedad mental y con unificación de sistemas de valoración de dependencia y valoración de discapacitados en un único equipo de valoración y no en dos de diferenciados tal como incorpora la normativa vigente.

-En Catalunya existen actualmente unos 147.497 beneficiarios de la Ley de Dependencia y, a cierre del año pasado, había más de 24.000 catalanes que estaban pendientes de recibirla, pese a tener reconocido el derecho a la prestación.
Esta ley es una de las que más acusan los recortes presupuestarios del Gobierno central. El Ministerio de Sanidad destina anualmente alrededor de 250 millones de euros para cubrir la ley de dependencia en Catalunya. Según datos de este departamento, Catalunya es, tras Andalucía, la comunidad que más dinero recibe del Estado para financiar esta ley.

-“Revisión urgente de la Renta Mínima de Inserción”, “vincularla a la búsqueda de trabajo mayoritariamente y definiendo beneficiarios”, una coordinación de observatorios de la pobreza en Catalunya, aumentar el impacto de los Planes de Inclusión Social,
incrementar el gasto público en políticas sociales con relación al PIB.

-Una ley de renta mínima garantizada de ciudadanía. Es una propuesta incluida también en los programas de IU, defendida por algunos sectores del PSOE y especialmente debatida después de que fuese planteada por Podemos.

Desde ERC no cuantifican el valor de esta renta mínima que defienden por la necesidad de reducir los ratios de pobreza e igualarlos a niveles de la UE.  En cualquier caso, representaría una partida presupuestaria importante para el nuevo Estado. Ese coste se habría de gestionar esencialmente a través de los impuestos. “Es una medida irrealizable, la repercusión inmediata es que se dispararía la inflación”, sostenía Alejandro Conde, doctor en Economía y Derecho de la UNED, preguntado por este diario hace unas semanas por la viabilidad de esta propuesta.

El profesor de economía de la Universidad Católica de Ávila, Juan Ramón Rallo, afirma que “aumentaría la capacidad de consumo, aunque también afectaría a la producción. Los perceptores de una renta no se sienten necesariamente empujados a producir los bienes y servicios más valorados por el resto de las personas, aunque sí desean consumirlos. Como es obvio, sólo puede consumirse aquello que previamente ha sido producido, de modo que si cada uno de los productores se dedicara a fabricar lo que a él individualmente le apetece en lugar de lo que los demás individuos demandan, la calidad de los bienes por redistribuir se iría deteriorando y el sistema colapsaría, en medio de una pauperización generalizada».

-Plan para erradicar las desigualdades de la mujer: ampliar los servicios de atención y combatir la pobreza femenina. Aumentar progresivamente la pensión de viudedad hasta el 75% de la base reguladora del cónyuge cuando se percibe como pensión única y no exista otra fuente de ingresos. Un nuevo incremento para la partida presupuestaria.

-Adaptar las pensiones al IPC y al coste de vida en Catalunya. Elaborar la ley catalana de autonomía personal.
Catalunya es una de las Comunidades Autónomas con mayor número de pensionistas, más de 1,6 millones. De momento, las cuentas no salen porque se recauda menos de lo que el Estado transfiere para el pago de pensiones. Con los números de 2010, se recaudaron 24.318 millones, mientras que se recibieron 27.100 millones. Con esos cálculos para ser viable, la pensión media debería reducirse casi un 5%. Con todo, los independentistas sostienen que al disponer de más renta al suprimirse la balanza fiscal con españa, las pensiones podrían pagarse sin incurrir en ningún tipo de déficit.

-Desde ERC, plantean crear la  “Seguridad Social de la República Catalana”, “a la que irán a parar las cotizaciones del trabajadores y con estos recursos se pagarán las pensiones de los catalanes”.

-Infancia: Más formación de profesionales de los servicios sociales para atender a la infancia. Más recursos para la detección del maltrato infantil, toxicomanías, etc, más profesionales de la psicología en los servicios sociales básicos, garantizar actividades extraescolares a aquellos niños y niñas en situación de riesgo social. Recuperar las ayudas que se han suprimido.
Ello supone, de nuevo, más gastos para política social y también más funcionariado.

–Plena escolarización, más becas, incentivar la contratación de padres y madres con hijos e hijas a cargo que estén en el paro, especialmente familias numerosas y monoparentales, así como incentivar la contratación y la formación profesional dejóvenes.

-Crear programas de Servicios de Respiro para familiares de personas con discapacidad. Fijar un copago redistributivo, con mínimos de renta exentos y escalados claramente progresivos.

ERC incluye también en el programa algunas medidas que sin duda resultarán polémicas y abrirán el debate social, como el derecho de adopción de hijos por parte de parejas homoparentales, un pronunciamiento del Parlament de Catalunya a favor del Matrimonio Igualitario, instando a  la retirada del recurso de inconstitucionalidad al TC presentado por el PP o la defensa del derecho al aborto (no especifican cuál es la política de aborto que defienden). Además, plantean erradicar la discriminación de las parejas lesbianas en el acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública. Defienden también la abolición de la pena de muerte.

Apuesta por la ayuda a las familias
Paralizar los desahucios, “especialmente de familias con niños”,  y fijar la dación en pago como “forma de liquidación de la deuda hipotecaria en los casos de buena fe” son dos de las medidas inmediatas en política de vivienda en un Gobierno de ERC.

Promover iniciativas legislativas para suspender los procesos de desahucio cuando las familias afectadas tengan hijos en edad escolar.

Priorizar el otorgamiento de becas de comedor en situaciones de pobreza escolar y redefinir los programas de reutilización de libros de texto para que supongan un ahorro a las familias.

A la hora de buscar a gente desempleada se dará prioridad a los padres de familia numerosa y monoparentales.

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